Artículo del presidente de la coordinadora estatal de ONFDs, Javier Ruiz Gaitán, publicado originalmente en El Periódico de Aragon.
«[En Europa] cientos de organizaciones de la sociedad civil europea hemos dado la voz de alerta: estamos sufriendo un ataque sin precedentes a nuestra labor en defensa de los derechos humanos y, por tanto, de la democracia»
Soplan vientos restrictivos en todo el planeta. En un contexto de crisis del multilateralismo y auge de discursos bélicos, con enormes desafíos medioambientales, de pobreza y desigualdad, se toman decisiones políticas que cercenan derechos humanos o persiguen a quien los defiende. Se legisla contra organizaciones que protegen el medioambiente, los derechos de las mujeres o los de la población migrante.
La situación es muy preocupante en Centroamérica, en Suramérica y en algunos países africanos. Y Europa no se libra de esa tendencia. Cientos de organizaciones de la sociedad civil europea hemos dado la voz de alerta: estamos sufriendo un ataque sin precedentes a nuestra labor en defensa de los derechos humanos y, por tanto, de la democracia.
Cuestionaron su legitimidad para recibir subvenciones, utilizando argumentos falsos sobre fondos que nunca fueron recibidos o falta de transparencia
El pasado enero, partidos de derecha y extrema derecha plantearon en el Parlamento Europeo un debate sobre la financiación de las oenegés -sobre todo, de las ecologistas-. Cuestionaron su legitimidad para recibir subvenciones, utilizando argumentos falsos sobre fondos que nunca fueron recibidos o falta de transparencia. Algo curioso, ya que fue gracias a la incidencia de las oenegés que se tomaron medidas para garantizar la transparencia en la UE.
Esta situación contrasta con la presencia de grupos de presión de grandes corporaciones. En 2024, las empresas invirtieron casi 200 millones de euros para presionar a la UE y jugaron un papel determinante en el recorte de políticas medioambientales. Las cifras hablan por sí mismas: Europa pone la alfombra roja a las empresas y cierra las puertas a una sociedad civil activa y vigilante frente a los poderes públicos y económicos.
Esta situación es preocupante porque atenta contra uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la participación ciudadana.
De manera paralela, la Comisión está obligando a no mencionar acciones de incidencia política en los proyectos de organizaciones sociales que subvenciona. Esta situación es preocupante porque atenta contra uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la participación ciudadana.
Las restricciones a las organizaciones sociales se producen en todo el mundo. El último informe de Civicus es desolador: la sociedad civil está bajo un ataque severo en 116 de los 198 estados y territorios. La mayoría de los países europeos aparecen con espacios de participación social estrechos. En un contexto internacional de graves crisis humanitarias, en las que intervienen intereses económicos y geoestratégicos, las restricciones a la vigilancia y participación ciudadana pueden agravar una situación global, que ya es extrema.
Seguiremos resistiendo y sembrando semillas en defensa de la democracia, los derechos humanos, los entornos saludables, la paz y la vida
No es este un contexto amable y queda mucho por hacer en defensa de la justicia. Ahora bien, no desistiremos. En muchos lugares del mundo hemos aprendido que existir es resistir, y que los ataques solo pueden responderse con más acción colectiva y compromiso. Como Berta Cáceres, a quien asesinaron en Honduras por defender su tierra frente al expolio de grandes hidroeléctricas, seguiremos resistiendo y sembrando semillas en defensa de la democracia, los derechos humanos, los entornos saludables, la paz y la vida.
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