La entidad ha mostrado su preocupación tras un informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura que señala una situación especialmente grave en las prisiones de Huelva, Algeciras y Puerto III. Numerosas personas presas denunciaron haber sufrido malos tratos físicos por parte del personal penitenciario, muchos de ellos en zonas sin cámaras de videovigilancia.
Que una persona esté privada de libertad no significa que pierda el derecho a no ser maltratada. Eso es justo lo que pone en cuestión el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que tras visitar España en 2025 recogió testimonios de bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con defensas en tres cárceles andaluzas. Muchos de esos hechos, según el propio informe, ocurrieron en zonas de los centros que no estaban cubiertas por cámaras.
Para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), entidad que lleva años visitando periódicamente la prisión de El Puerto de Santa María y acompañando a personas presas y a sus familias, este informe no descubre nada nuevo: confirma algo que ya venían denunciando. Las quejas por agresiones en los módulos de aislamiento son frecuentes, igual que las dificultades para conseguir un parte de lesiones adecuado o para que una denuncia se investigue hasta el final. Muchas personas presas, explica APDHA, ni siquiera llegan a denunciar por miedo a represalias o porque no confían en que los mecanismos de control vayan a funcionar.
El problema, insiste la entidad, no es solo la posible actuación de personas concretas, sino algo más de fondo: cuando una persona está bajo custodia directa de la Administración, no puede ser la propia institución investigada quien controle si hubo o no maltrato. Precisamente por la falta de investigación efectiva, APDHA ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional en varios casos —uno de Granada, ya estimado, y otro de Córdoba, admitido a trámite—, algo que para la asociación demuestra que los mecanismos ordinarios no bastan. A esto se suma otra cuestión grave que señala el CPT: la falta de personal sanitario, los retrasos en la atención y una asistencia psicológica insuficiente, especialmente para quienes están en aislamiento y tienen problemas de salud mental.
Por todo ello, APDHA pide al Ministerio del Interior que aplique íntegramente las recomendaciones del CPT: videovigilancia real de las zonas de intervención, reconocimientos médicos confidenciales y comunicación inmediata a la autoridad judicial ante cualquier indicio de agresión. Además, propone que el Parlamento Andaluz impulse un Mecanismo Andaluz para la Prevención de la Tortura, integrado en el Defensor del Pueblo Andaluz, con equipo propio y capacidad para hacer visitas no anunciadas y entrevistas confidenciales a las personas privadas de libertad. Quien quiera conocer el informe completo del CPT o seguir el trabajo de APDHA en las prisiones andaluzas puede consultar los canales oficiales de la asociación.
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