La entidad ha denunciado la desprotección de menores en las calles de Ceuta y el aumento de agresiones racistas contra personas migrantes y quienes trabajan en su apoyo. La organización rechaza además el veto de varias comunidades autónomas a la acogida de menores y reclama un reparto equitativo respaldado por el Tribunal Supremo.
Hay niñas y niños durmiendo en las calles de Ceuta sin nadie que se haga responsable de ellos. Eso es lo que denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que exige que la atención a estos menores sea inmediata y prioritaria, por encima de cualquier disputa administrativa o de competencias entre instituciones.
En los últimos días, la entidad ha constatado un aumento preocupante de la violencia racista en la ciudad: quema de asentamientos, agresiones a personas migrantes y a población ceutí musulmana, e intimidaciones contra periodistas y organizaciones sociales. Varias entidades humanitarias han recibido amenazas, y los repartos de agua y comida de Cruz Roja se han visto obstaculizados. APDHA pide también que se aclaren las detenciones de activistas de la organización No Name Kitchen.
La entidad critica con dureza que comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León, Extremadura y Madrid se hayan negado a recibir menores, e insta a Andalucía a asumir sus responsabilidades sin más demora. Recuerda que el Tribunal Supremo ya declaró ilegales las devoluciones colectivas de menores, y reclama un reparto equitativo entre comunidades que respete la ley. APDHA advierte además contra el uso político de esta emergencia: que Ceuta haya sido declarada zona de interés para la Seguridad Nacional no puede servir de excusa para suspender derechos fundamentales, y recuerda que España mantiene la responsabilidad plena sobre su territorio, sin que pueda externalizarla a Marruecos. A la Unión Europea y a agencias como Frontex les pide que no respondan solo con más control fronterizo, sino garantizando también el derecho de asilo.
Por todo ello, la organización dirige a las administraciones cuatro exigencias concretas: acogida e intervención inmediata para todos los menores migrantes, con alojamiento digno, agua, alimentación y atención sanitaria; persecución efectiva de los delitos de odio racista y protección real para las ONG y el personal humanitario; procedimientos de asilo individualizados que acaben con las devoluciones automáticas; y el cumplimiento estricto del deber de acogida por parte de todas las comunidades autónomas, coordinado con la Unión Europea. «La inacción no es una opción», concluye APDHA. «La protección de los derechos humanos no admite excepciones en las fronteras y el silencio ante la violencia es complicidad». Quien quiera conocer más sobre el trabajo de APDHA en materia de derechos de las personas migrantes puede consultar la web de Córdoba Solidaria.
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